La jueza kirchnerista Marta Elba Pascual suspendió temporalmente en la provincia de Buenos Aires la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno Nacional, apenas dos días después de su entrada en vigencia. La magistrada fundamentó la decisión en la falta de infraestructura y recursos del sistema bonaerense para recibir a más adolescentes detenidos. El 16 de septiembre, funcionarios provinciales deberán informar ante la Justicia qué medidas adoptarán para adecuar el sistema.

La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil quedó suspendida durante 60 días en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue tomada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, tras hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo.

La Ley 27.801 había comenzado a regir apenas dos días antes y estableció un nuevo esquema penal para adolescentes, con una de sus principales modificaciones en la reducción de 16 a 14 años de la edad de imputabilidad.

Para fundamentar la suspensión, Pascual puso el foco en las condiciones del sistema bonaerense. Según sostuvo, la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos necesarios para absorber el eventual incremento de adolescentes privados de su libertad que generaría la implementación de la nueva normativa.

La magistrada también advirtió sobre las condiciones de alojamiento y los espacios destinados a educación y formación laboral. Su resolución ordenó a las áreas provinciales de Seguridad, Justicia y Niñez adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión temporal.

El próximo paso será el 16 de septiembre, cuando se realizará una audiencia en Lomas de Zamora con presencia obligatoria de funcionarios del Poder Ejecutivo bonaerense. Allí deberán detallar qué acciones implementaron, cuáles proyectan realizar y en qué plazos prevén adecuar el sistema provincial a las exigencias del nuevo régimen.

Mientras dure la medida cautelar, la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años no se aplicará en territorio bonaerense, a la espera de que avance la discusión judicial y de las respuestas que presente la Provincia sobre su capacidad para implementar el nuevo sistema.