La expresidenta cumple seis años de prisión domiciliaria por administración fraudulenta en la causa Vialidad y tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su defensa recurrió al Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir que se revise la sentencia y se suspenda esa prohibición, con el objetivo declarado de recuperar su actividad política. Sus abogados sostienen que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales.

Cristina Kirchner llevó a las Naciones Unidas su intento por revisar la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema y actualmente la expresidenta cumple la pena bajo prisión domiciliaria.

A través de sus abogados, presentó una adenda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que el organismo analice su caso. La defensa busca que se revise la condena y, especialmente, que se suspenda la inhabilitación que hoy le impide ocupar cargos públicos y presentarse a elecciones.

Los abogados de la expresidenta sostienen que durante el proceso judicial se vulneraron derechos y garantías fundamentales. Como parte de la presentación incorporaron nuevos elementos con los que buscan respaldar ese planteo. La defensa pretende que el Comité examine el caso durante octubre.

El planteo también tiene un impacto directo sobre el futuro político de Cristina Kirchner. Su hijo, el diputado Máximo Kirchner, aseguró que la expresidenta tiene voluntad de volver a competir electoralmente. Mientras permanezca vigente la inhabilitación perpetua, no puede ser candidata a un cargo público.

La presentación ante la ONU no deja automáticamente sin efecto la condena ni la inhabilitación. Clarín señala que, incluso ante un pronunciamiento favorable del organismo internacional, la situación deberá volver a ser examinada en el ámbito judicial argentino.