Las arcas del Estado están siendo alimentadas con dinero que debería destinarse exclusivamente a proyectos de prevención de inundaciones. Este desvío de recursos representa una violación implícita del mandato legal que regula el uso de estos fondos especiales.

La problemática surge de una brecha clara entre lo que prescribe la ley y lo que sucede en la realidad administrativa. Existe dinero identificado y etiquetado para obras de contención hídrica, pero ese dinero nunca llega a los proyectos. En cambio, es utilizado para financiar necesidades generales del Tesoro.

Las comunidades expuestas a inundaciones permanecen vulnerables mientras el Estado utiliza fondos destinados a protegerlas para otros propósitos. Esta situación evidencia cómo la presencia de recursos no es garantía de su correcta utilización cuando faltan decisiones políticas firmes.

La raíz del problema es múltiple. No se trata de escasez presupuestaria, sino de prioridades administrativas mal alineadas con las necesidades de infraestructura preventiva. Las obras de contención hídrica requieren inversión y ejecución sostenida, elementos que no aparecen en la ecuación actual.

Lo que se observa es un maquillaje presupuestario que oculta un déficit real en materia de prevención de desastres. El superávit fiscal se construye parcialmente sobre fondos que debería estar invertidos en protección de poblaciones. Esta práctica cuestiona la integridad del proceso presupuestario y la confianza en mecanismos de protección especializados.

Resolver esta situación exige que las autoridades reorienteen sus decisiones y garanticen que los fondos circulen hacia su destino legal correcto.

Imagen: Dimitri Karastelev / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural