El Ejecutivo Nacional derogó el mecanismo de cobertura financiera destinado a otorgar pasajes sin costo en transporte urbano a personas con discapacidad y niños en tratamiento oncológico. La disposición fue establecida mediante resolución gubernamental que cuestiona la sustentabilidad de los arreglos previos.

Desde el Gobierno se subraya que, a pesar de eliminar el fondo que operacionalizaba este derecho, la gratuidad se mantiene como obligación vigente y exigible ante la administración estatal. Los funcionarios consideran que las compensaciones anteriores no contaban con respaldo presupuestario adecuado.

La iniciativa responde a los lineamientos de racionalización del gasto que caracterizan la presente gestión. Funcionarios del área económica sostienen que resultaba imprescindible revisar mecanismos de financiamiento que, en su evaluación, presentaban deficiencias en su estructura.

Aún no se han divulgado detalles específicos sobre qué alternativas implementará el Estado para garantizar la operatividad de este beneficio. Organismos que trabajan en cuestiones de inclusión social sugieren que sin un fondo claramente identificado, podría resultar problemático asegurar el acceso real al servicio.

Las organizaciones que nuclean a beneficiarios directos e indirectos aún no expresaron públicamente su posición respecto de esta decisión administrativa. Observadores políticos anticipan que esta medida podría generar controversia en los próximos días, particularmente entre sectores vulnerables.

Imagen: wilson montoya / Unsplash – Con informacion de La Nación