El reclamo judicial enfrenta el obstáculo de la Ley 27.573, aprobada en pandemia bajo el gobierno de Alberto Fernández, que blinda a las farmacéuticas y obliga a los damnificados a recurrir a un fondo limitado.

Un jubilado de Mendoza inició una demanda multimillonaria contra el laboratorio AstraZeneca por un monto de $152.058.050, convirtiéndose en uno de los pocos casos judiciales que intentan avanzar contra las farmacéuticas que produjeron vacunas contra el Covid-19.

El principal escollo de la acción es la Ley 27.573, sancionada en 2020 durante la presidencia de Alberto Fernández, que establece un marco de protección para los laboratorios al eximirlos de responsabilidad por posibles efectos adversos. Dicha norma permitió al Gobierno firmar contratos secretos con las compañías, sin posibilidad de acciones judiciales directas.

De acuerdo con la normativa vigente, las personas que denuncien perjuicios deben recurrir al Fondo de Reparación Covid-19, un mecanismo administrativo que prevé indemnizaciones fijas, de bajos montos, y únicamente en casos de efectos graves y científicamente comprobados.

A diferencia de muchos otros damnificados, el jubilado pudo costear peritajes médicos y representación legal, ya que la ley impone la carga de la prueba completamente sobre la víctima, lo que dificulta el acceso a la Justicia.